El proyecto se aprobó por unanimidad en la sesión de Consejo Superior del día de hoy en la Facultad de Derecho. 

El Protocolo establece el procedimiento para realizar la búsqueda y corrección documental y llevar a cabo la reparación de legajos de todas las personas miembro de la #ComunidadUNR que sufrieron detenciones, secuestros, desapariciones y asesinatos durante el accionar represivo ilegal del estado argentino en el período 1968-1983. Se estima que son alrededor de 200 estudiantes y trabajadores/as quienes sufrieron del terror estatal durante este período, que comprende desde la creación de la Universidad Nacional de Rosario hasta la recuperación democrática. 

El proceso de reconstrucción, reparación y rectificación simbólica e histórica de los legajos de las personas víctimas del accionar represivo ilegal del estado argentino nace a partir de la creación del Programa de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación al interior de la UNR, creado a partir de la Resolución 727 aprobada en el mes de octubre de 2022. Esta Resolución autoriza la inscripción en los legajos personales la leyenda de “Legajo Reparado”, permitiendo también inscribir que estas personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, desaparecidas, asesinadas o sustraídas de su propia identidad, motivos que provocaron que las mismas abandonen su lugar de trabajo o estudio. Dicha Resolución establece que el Área de Derechos Humanos tiene a su cargo la coordinación de la reparación documental y la creación del procedimiento correspondiente, que se materializó en el Protocolo aprobado el día de hoy.

El Protocolo plantea distintas etapas para la investigación y posterior reparación de la documentación: 

  1. Relevamiento de iniciativas de Memoria previa, llevadas a cabo por iniciativas particulares en cada unidad académica (Placas, Actos, Memoriales, Homenajes, etc.).
  2. Entrecruzamiento de información de iniciativas de Memoria en cada unidad académica con Bases de Datos nacionales y locales. 
  3. Proceso de investigación – Búsqueda documental y testimonial que acredite la pertenencia de los posibles casos a la comunidad UNR. 
  4. Corrección documental, si ameritara, donde se deja constancia que las personas no abandonaron su servicio, renunciaron, dejaron de ir a estudiar o fallecieron por su propia voluntad, sino porque fueron detenidas, desaparecidas, asesinadas y/o forzadas a abandonar sus puestos de trabajo o lugares de estudio producto del accionar represivo ilegal del terrorismo de estado. 
  5. Entrega de copias de legajos o documentación hallada y/o reconstruida a familiares, amigos/as o quien lo solicite. 

La primera y segunda etapa ya se encuentran realizadas y actualmente se está realizando el proceso de investigación planteado en la etapa tres. Este trabajo fue llevado a cabo a través del Consejo Académico de Derechos Humanos de la UNR, en el que participan representantes de los distintos espacios institucionales de Derechos Humanos de las Facultades y Escuelas Medias de la Universidad. Este trabajo colaborativo fue apoyado por responsables de las áreas de alumnado, estudiantil y archivo de las unidades académicas, sin quienes no sería posible realizar el proceso de búsqueda de la documentación. Además, en el caso de no encontrar prueba material, se consensuó que es posible acreditar la pertenencia de una persona a la Universidad a través de prueba testimonial sustentada por declaración jurada debido a que la modalidad del accionar del terrorismo estatal también incluyó la desaparición de la prueba material. Este criterio fue definido imitando la valoración de prueba que existe en los Juicios de Lesa Humanidad.

A partir de esta política institucional la Universidad Nacional de Rosario asume el deber de contribuir a garantizar los imperativos de Memoria, Verdad y Justicia, establece mecanismos de reparación, preserva la memoria histórica aceptando públicamente los hechos y compromete al Estado y a la institución a no repetir los mismos. Además, el procedimiento está orientado a cumplir con las normativas nacionales e internacionales que establecen obligaciones en materia de Derechos Humanos del Estado en todos sus niveles.

Desde el Área de Derechos Humanos de la Universidad se convoca a la comunidad universitaria a que, si tuvieran conocimiento de posibles casos de detenciones, secuestros, desapariciones o asesinatos de personas de la comunidad durante este período se contacten a través de cualquiera de los medios disponibles para poder investigar esos posibles casos. 

Fotos: Camila Casero y Paula Martínez