La iniciativa busca aportar soluciones estructurales para los problemas de financiamiento que afectan al sistema. 

Representantes de la Universidades Nacionales presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento pleno del sistema universitario y científico nacional.

Los principales lineamientos de la propuesta elaborada por las Universidades en su conjunto, fueron expuestos hoy por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa y su vice, Franco Bartolacci, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, donde estuvieron acompañados de más 30 rectores y rectoras de Universidades Públicas de todo el país.

Oscar Alpa  resaltó el espacio otorgado por el Congreso Nacional para poder presentar el proyecto de ley y explicó que su armado reúne aportes de distintos sectores. “El Congreso es el que crea las universidades, el que financia las mismas, y el que las habilita. Por eso, nos parecía necesario venir a este espacio porque el financiamiento del sistema educativo es clave para pensar qué país queremos para el futuro. El sistema universitario argentino es único, referente en muchos países del mundo, y que hoy estemos en un 0,45% del PBI cuando históricamente fue un 0,80% de inversión, hace que sea muy difícil de sostener”. 

Alpa detalló que se trabajó en conjunto con federaciones de estudiantes, docentes y no docentes de todo el país, durante más de dos meses, para conformar por unanimidad un documento que da muestras de las necesidades del sistema universitario. “Este trabajo colectivo muestra que el sistema universitario está unido y seguir discutiendo qué país queremos. La universidad argentina es gratuita y no arancelada, algo que no pasa en otros lugares y hay que defender”. 

Por su parte, Franco Bartolacci, precisó que el desfase presupuestario, aún con los incrementos obtenidos a lo largo del último año y medio, es del 100 por ciento y también advirtió sobre la pérdida del nivel adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. “El 80% de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza, un docente que tiene dedicaciones iniciales percibe unos 150 mil pesos por mes, y nadie en su sano puede entender que con ese salario se puede desarrollar una tarea tan importante como la de formar a los futuros profesionales que necesita la Nación de la mejor manera”, explicó y agregó: “ Frente a ese escenario decidimos hacer un aporte constructivo desde el Consejo Interuniversitario Nacional sintetizando las voces de la comunidad universitaria y científica en su conjunto. Y ese aporte constructivo se materializa hoy en este proyecto que acercamos al Congreso con la voluntad y la expectativa de que pueda encontrar eco, tratamiento y aprobación para resolver estos problemas”.

Bartolacci, calificó el proyecto de ley de financiamiento universitario como una “propuesta responsable” y “razonable”, ya que busca dar una solución estructural a la crisis presupuestaria del sistema científico y educativo, dentro del marco institucional que corresponde: el Congreso de la Nación. “Todos creemos que la Argentina necesita una economía sólida, todos sabemos que en ese contexto de escasez hay que establecer prioridades, y nos asiste la convicción profunda de saber que la educación y la producción científica deben ser una prioridad”, expresó.

Además, consideró que se trata de una iniciativa urgente y necesaria, que permite “volver a poner las cosas en su justo lugar”. En ese sentido, destacó el respaldo social que las universidades recibieron durante 2024: “La sociedad argentina, todas las veces que hizo falta, dijo que en las universidades y en el sistema científico no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar una solución a los problemas estructurales que el país tiene”. Y concluyó: “No es un gasto, es una inversión. Ojalá podamos dar respuesta a ese mandato para que esto que sucede aquí, como en ninguna otra parte del mundo, pueda seguir pasando y transformando todos los días la vida de mucha gente”.

La propuesta contempla varios puntos que giran en torno a la asignación de recursos básicos y garantizados para el funcionamiento normal de universidades y centros de investigación, la resolución de la crítica situación salarial de docentes y personal nodocente, el financiamiento de programas de asistencia estudiantil fundamentales para la permanencia en la educación superior, y la transparencia y claridad en la distribución presupuestaria desde el Congreso de la Nación.

La iniciativa tiene como objetivo que el Poder Ejecutivo garantice cada año el piso de recursos básico para el funcionamiento de las Universidades Nacionales. Crea además un fondo anual de $10.000.000.000 para promover carreras que se definan como estratégicas y fundamentales para el desarrollo del país.

Asimismo, establece una ampliación anual y progresiva del monto destinado al financiamiento de becas universitarias y plantea una ampliación progresiva del presupuesto destinado a las Universidades Nacionales, hasta llevarlo al 1,5% del PBI en 2031.

El presidente de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carvalho, recordó el veto del Gobierno Nacional a la ley aprobada el año pasado, y destacó la masiva manifestación de la sociedad en defensa del sistema universitario. “Un país que busca crecer no puede desentenderse de su sistema educativo. Hoy atravesamos una situación crítica en lo que respecta a las becas universitarias, que son una herramienta clave para garantizar el acceso y la permanencia de miles de estudiantes, y que actualmente no ofrecen respuestas. Las dos becas existentes, Progresar y Manuel Belgrano, están congeladas en 35 mil y 80 mil pesos respectivamente. Esto obliga a muchos estudiantes a elegir entre alimentarse o sacar fotocopias, y esa es una realidad que no podemos aceptar”.

Carvalho también hizo referencia a la situación de los trabajadores universitarios, quienes también atraviesan una coyuntura muy compleja. “No solo está en juego el presupuesto del sistema universitario, sino el futuro de todo un país”, concluyó.

Simultáneamente, en la Plaza de los Dos Congresos de Buenos Aires, se realizó una presentación pública y actividades de divulgación abiertas a la ciudadanía. Además, en cada universidad pública del país, se realizaron jornadas informativas, actividades culturales y espacios de debate para difundir el alcance del proyecto y la urgencia de su aprobación.

Qué dice la ley

En el primer artículo de la ley se afirma que el objetivo es “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas en Argentina”.

En el Art. 2, se explica que el incremento en la inversión será destinado a:
-Afianzar la inclusión estudiantil. Mejorar ingreso, permanencia, egreso y formación continua.
-Garantizar condiciones laborales. Plena implementación de convenios colectivos para docentes y nodocentes.
-Fortalecer la enseñanza. Aumentar recursos en tecnología, personal y nuevas modalidades de aprendizaje.
-Ampliar oferta académica. Crear carreras estratégicas según necesidades nacionales y regionales.
-Fomentar la extensión universitaria. Fortalecer los vínculos de las universidades con la comunidad.
-Impulsar investigación. Consolidar la función investigativa en universidades públicas.
-Garantizar infraestructura. Mejorar equipamiento y mantenimiento.
-Promover internacionalización. Inclusiva en docencia, investigación y extensión.
-Apoyar el bienestar estudiantil. Incrementar becas estratégicas y de estudio, que prioricen los sectores sociales más desfavorecidos.

Respecto a los salarios y paritarias , se desarrolla en los Art. 3 y 4 un pedido de convocatoria para:
-Recomposición salarial docente y nodocente considerando la inflación y garantizando la recuperación del poder adquisitivo. Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable.
-Actualizaciones mensuales de salarios, nunca por debajo de la inflación. La convocatoria a paritarias no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización
mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC.

Gastos de funcionamiento , Art. 5:
Garantía de financiamiento para actividades esenciales de las universidades, ajustadas anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asistencia a hospitales universitarios, fortalecimiento de ciencia y técnica, fortalecimiento de la extensión universitaria, y del desarrollo de la educación superior.

Financiamiento. Art.6. Para cumplir con lo anterior el Poder Ejecutivo debe transferir mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación federal de recursos federales” al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdiccion 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la “Proporción Universitaria”, que surge del último presupuesto aprobado.

Fondos estratégicos. Art. 7 y 8. Creación de un fondo para nuevas carreras de $10 mil millones (ajustables por IPC) para áreas clave como inteligencia artificial y vacancias estratégicas.

Becas. Art.8 y 9. Ampliación anual y progresiva del número y monto para estudiantes de universidades públicas.

Financiamiento progresivo. Art. 10. Participación en el PBI . Incremento anual en el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031.

Periodista: Gonzalo J. García