Los especialistas del derecho a la comunicación, Graciana Peñafort y Dimián Loreti, reflexionaron sobre el estado actual de la libertad de expresión en nuestro país.

Con motivo de una nueva conmemoración del Día del periodista y trabajadores de prensa, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR y el Sindicato de Prensa Rosario, invitaron a Graciana Peñafort y a Damián Loreti a disertar sobre el estado actual de la libertad de expresión en nuestro país. 

“Tengo una mirada muy pesimista sobre el estado actual de la libertad de expresión en la Argentina”, comenzó la abogada Graciana Peñafort, quién fue directora de Asuntos Legales y Normativas del AFSCA. “Mi sensación es que la libertad de expresión, y puntualmente voy a ir más, el ejercicio del periodismo como manifestación de la libertad de expresión es una actividad que está en peligro, por cosas tan básicas como el retiro de la pauta de los medios hasta cosas tan graves como el condicionamiento a la prensa”.

En este sentido, Peñafort recordó el caso de Jonatan Viale, quién en medio de una entrevista con el Presidente de la Nación fue interrumpido por un asesor que le pidió que quitase una pregunta. “Todos recordamos ese caso y creo que va en contra de lo que es el periodismo que tiene más que ver con la verdad, no con la operación política.  El problema es que nos hemos acostumbrado a llamar periodista a operadores, y son cosas bien diferentes”.

El abogado y especialista en derecho a la comunicación Damián Loreti advirtió sobre el preocupante retroceso de la libertad de expresión en Argentina. Señaló que en un año y medio no se ha financiado la producción de una sola película, a pesar de que los fondos específicos siguen siendo recaudados. Para ilustrar la gravedad del contexto, citó datos del Index of Censorship elaborado por Reporteros Sin Fronteras, organización internacional reconocida por su independencia: en  2024 Argentina descendió 34 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa, y se proyecta que este año caerá 14 lugares más. “Esto es lo mismo que criticamos a otros países como Cuba”, advirtió alertando sobre la contradicción entre los discursos democráticos y las prácticas que afectan directamente el derecho a la información y a la libre expresión.

Peñafort, que también participó como representante del Gobierno Nacional en la audiencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso impulsado por Clarín sobre la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2013, manifestó que están en peligro las condiciones de desarrollo por la falta de pauta oficial, la ausencia de concursos, distintos inconvenientes para acceder a nuevas licencias, e incluso las fuertes restricciones para sostener las licencias que ya existen. “Podemos observar casos de censura y de condicionantes para acceso a frecuencias y a medios de comunicación, cuestiones no son nuevas en la Argentina. Pero como pocas veces se ha visto, se impone a quienes ejercen el periodismo, un riesgo personal”.

La Relatoría Especial de Libertad de Expresión, que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual 2024 alertó sobre el deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina, evidenciado por una creciente intolerancia del Poder Ejecutivo hacia la crítica y los procesos deliberativos. “En un contexto de reformas drásticas del funcionamiento estatal, se multiplicaron los discursos estigmatizantes por parte de altas autoridades, en particular contra periodistas, medios de comunicación y, de forma notable, contra mujeres periodistas”, señaló Loreti. 

A esto se suman declaraciones oficiales que buscan desalentar la protesta social y que exaltan la represión, debilitando aún más el marco democrático. “En las recientes movilizaciones opositoras al gobierno, se documentaron agresiones a trabajadores de prensa tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de particulares, en un clima marcado por la erosión del debate público”. 

Loreti también señaló cambios regresivos en el ámbito institucional, especialmente en lo relacionado con el acceso a la información, el rol de los medios públicos y la asignación de publicidad oficial. Asimismo, denunció la adopción de nuevas normativas restrictivas del derecho a la protesta y modificaciones sustanciales (sin una deliberación adecuada) en la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que profundiza la preocupación por el estado actual de la libertad de expresión en el país.

En este sentido, Peñafort alertó además sobre un fenómeno que resulta aún más preocupante: el avance de la autocensura como mecanismo silencioso pero eficaz para limitar el debate público. “Veo un fuerte cercenamiento de la libertad de expresión, pero también algo más grave: la gente empieza a callar por miedo”, dijo, aludiendo a la presión que se vive especialmente en redes sociales.

Según la profesional, la primera tarea es clara: “Defender nuestro derecho a decir, a buscar, a recibir y a definir información”. Asimismo, subrayó la importancia de defender también el derecho de los otros a expresarse, incluso cuando sus discursos resulten incómodos o difíciles de tolerar. “Hay discursos que me parecen profundamente fastidiosos, pero eso no justifica intentar silenciarlos”.

Para la letrada, la libertad de expresión sólo puede sostenerse en un marco de tolerancia activa. “No hay posibilidad de admitir la diferencia en un mundo donde no hay tolerancia”. Finalmente, convocó a “plantar bandera” en defensa del derecho a hablar abiertamente sin tapujos, porque “esa época donde nos callábamos no tiene que volver”.

Riesgos y censuras

Peñafort recordó el caso del periodista Hugo Alconada Mon, que hace unas semanas difundió una filtración de un documento que revelaba que el Plan de Inteligencia Nacional incluía como uno de sus objetivos principales el control de la comunicación, apuntando especialmente contra quienes pusieran en duda los “relatos totales” difundidos por el poder. El documento expone que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) abrió la puerta para desarrollar tareas de inteligencia sobre periodistas, políticos y economistas.

La abogada denunció que, tras la publicación, Alconada Mon sufrió una serie de amenazas e intentos de hackeo a sus canales de comunicación, sin que eso generara alarma institucional. Además, advirtió sobre una escalada peligrosa de hostigamiento hacia el periodismo, alentada desde sectores del Poder Ejecutivo. “Me preocupa mucho que se fomente el discurso de odio contra la prensa. Javier Milei ganó con el típico esquema de las nuevas derechas, que es la generación de un enemigo”, sentenció.

La especialista explicó que el Presidente buscó al periodismo como el nuevo enemigo, reemplazando a “la casta”, y que se está construyendo un discurso de odio en relación al mismo. “Generalmente las y los periodistas no tienen medidas de seguridad, circulan por la calle como cualquier ciudadano. Hace un mes el periodista Roberto Navarro estaba en el café de un hotel y fue insultado por otra persona, y luego recibió un golpe en la nuca que lo dejó hospitalizado. La agresión fue en torno a su rol de periodista. Y estas cosas pasan porque el discurso de odio hace eso, legitima el derecho de odiar. Es un discurso que se toma contra un colectivo, lo hace culpable de la situación, y por lo tanto legitima la violencia contra quienes pertenecen a ese colectivo”. 

Loreti señaló que se han emitido declaraciones que tildan a los periodistas de “corruptos”, “delincuentes con micrófono”, “mentirosos”, “ladrones” y “extorsionadores”, entre otros calificativos que lesionan gravemente la función informativa. Además, manifestó públicamente que se ha dicho con liviandad que “el 85% de los medios miente todo el tiempo” desacreditando la tarea de comunicadores y periodistas. 

Según el docente, estas expresiones estigmatizantes por parte de funcionarios de alto rango generan un clima de intolerancia y animosidad que coloca a periodistas y comunicadores en una posición de vulnerabilidad y riesgo. 

También remarcó una serie de hechos preocupantes en torno al acceso a la información pública y la libertad de prensa. Cuestionó las recientes reformas al sistema de acreditación en la Casa Rosada, entre ellas la propuesta del Poder Ejecutivo de crear una “sala de prensa de élite” con acceso restringido a periodistas de medios “altamente reconocidos”, medida que fue considerada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como discriminatoria y contraria a los estándares interamericanos. También mencionó el caso de una periodista a quien no se le renovó la credencial, lo cual fue interpretado como una represalia por comentarios realizados contra el Presidente.

Los discursos de odio no son un fenómeno aislado que suceden únicamente en Argentina, sino que en muchos países del mundo se han ido potenciando. “Qué hacer en torno a ellos, es un debate crucial.  Hay un elemento de orden supralegal en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada también Pacto de San José de Costa Rica, que de algún modo habilitaría la sanción o la prohibición de discursos de odio. ¿Por qué no se avanza en este camino? Primero, porque los discursos de odio en su regulación se ven muy parecidos a censuras de orden político. Y el otro punto es ¿Cuáles son los límites de la regulación? Entendiendo, también por el artículo 13, que está prohibida la censura breve. Es una situación muy delicada”, detalló Peñafort.

De esta manera, advirtió que las nuevas derechas replican estrategias sistemáticas de ataque que ponen en riesgo derechos fundamentales. “El problema de estas estrategias es que afectan un derecho sistémico, como es la libertad de expresión”, señaló, y explicó que sin ese derecho no puede hablarse de democracia real, del mismo modo en que no puede sostenerse un sistema democrático sin elecciones periódicas. “Puede tener cara de perro, ladrar como un perro, pero si no tiene libertad de expresión, no es un perro, es un bicho raro que aprendió a ladrar”, concluyó a modo de comparación.

Fotografías gentileza Sindicato de Prensa Rosario

Periodista: Gonzalo J. García