La decisión de la Justicia Federal ordena la actualización de salarios del personal de las universidades nacionales y los montos asignados a becas estudiantiles.
La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución de primera de la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo Nacional al cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Esta normativa establece la recomposición y actualización de los salarios para el personal docente y no docente, así como el fortalecimiento de los programas de becas estudiantiles.
La decisión de la Justicia Nacional hace lugar al planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
El Rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN, Franco Bartolacci, expresó: “Es una gran noticia. Una decisión extremadamente relevante para la comunidad universitaria del país, que valoramos en un contexto delicado como el que atravesamos. Lo que resta es que el gobierno cumpla con la orden judicial”.
“Hemos sido muy firmes, responsables y serios a lo largo de este tiempo tan complejo para el sistema universitario y científico. Hemos priorizado siempre los caminos institucionales para reclamar los recursos mínimos e indispensables que el sistema requiere para su funcionamiento y hemos extremado todas las acciones para poder encontrar respuestas. Es un fallo judicial muy claro en sus fundamentos, que ratifica las razones que hemos señalado. Se trata de una ley razonable, que no compromete fiscalmente al Estado y resguarda el derecho al acceso a la educación superior. Este fallo no sólo da cuenta de la demanda de la comunidad universitaria del país, sino de la sociedad en su conjunto. Ahora el Gobierno Nacional debe aportar las respuestas cumpliendo con lo que la ley dispone y la justicia ordeno”, agregó.
El conflicto judicial se originó tras el Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo pretendía suspender la ejecución de la Ley de Financiamiento argumentando la falta de partidas presupuestarias específicas. Ante esta situación, el CIN, con una participación activa de la UNR, interpuso una acción de amparo colectivo para defender el derecho a la educación y el sustento de los trabajadores.
La Cámara subrayó en su fallo que:La ley fue sancionada tras la insistencia de ambas cámaras del Congreso por dos tercios de los votos, lo que otorga un mandato imperativo al Ejecutivo. La pérdida salarial frente a la inflación vulnera derechos laborales protegidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales. El impacto fiscal de la medida es apenas del 0,23% del PBI, una cifra que no pone en riesgo el equilibrio macroeconómico de la Nación.
Con esta resolución, se espera que el Gobierno Nacional proceda a la actualización inmediata de los haberes y la regularización de las partidas para el funcionamiento de las 57 universidades públicas del país.