El 26 de enero de 1833, apenas veintitrés días después del acto de usurpación británica de las Islas Malvinas, el gobierno de Buenos Aires remitió al gobernador y capitán general de Tucumán, Alejandro Heredia, un oficio destinado a comunicar formalmente lo ocurrido en Puerto Soledad y las medidas que comenzaban a adoptarse frente al Reino Unido. El documento, recientemente localizado en el Archivo Histórico de Tucumán, está fechado bajo la fórmula “Año 24 de la Libertad y 18 de la Independencia” y lleva las firmas del gobernador Juan Ramón Balcarce y del ministro Manuel Vicente Maza. Su importancia reside tanto en lo que cuenta como en las categorías con las que lo hace. Desde sus primeras líneas habla de “violencia y abuso de la fuerza en las Malvinas”, de un acto ejecutado “en deshonor del Pabellón Argentino” y “en ofensa de la integridad del territorio de la República”, al que califica como una “nueva escandalosa agresión”. El lenguaje es significativo: en enero de 1833 el gobierno encargado de las relaciones exteriores no interpretó lo sucedido como una mera controversia sobre títulos históricos, sino como un acto de fuerza que lesionaba territorio y derechos de la República. La referencia a las relaciones de amistad y comercio existentes con Gran Bretaña acentuaba el reproche: la ocupación se había producido en tiempo de paz y sin que mediara una ruptura previa de relaciones. La carta recordaba, además, el antecedente inmediato de la intervención estadounidense de la USS Lexington, mostrando que las autoridades percibían una sucesión de acciones extranjeras sobre un espacio en el cual intentaban restablecer el ejercicio efectivo de la autoridad. La difusión periodística del hallazgo permite conocer el documento tucumano, mientras que su contenido puede contrastarse con la comunicación casi simultánea del Gobierno a la Junta de Representantes, fechada el 24 de enero, conservada en el Archivo General de la Nación.
La mayor parte del oficio está dedicado a reconstruir minuciosamente los acontecimientos del 2 y 3 de enero, a partir del informe elevado por el comandante de la goleta de guerra Sarandí, José María Pinedo. El establecimiento atravesaba una situación crítica: después del ataque de la Lexington de 1831, Buenos Aires había procurado recomponer su presencia y en 1832 había enviado a José Francisco Mestivier como comandante político y militar interino; éste fue asesinado durante un motín poco antes de la llegada británica y Pinedo se encontraba restableciendo el orden. En ese contexto apareció la HMS Clio, comandada por John James Onslow. El oficio relata que Pinedo recibió inicialmente al buque como perteneciente a una nación amiga, pero Onslow le comunicó que venía a ejercer la pretensión soberana británica y que debía izar el pabellón de su país. La propia nota que Onslow entregó a Pinedo el 2 de enero de 1833 resulta decisiva para contrastar ambas versiones: el británico declaró haber recibido órdenes para ejercer los rights of sovereignty over these Islands y anunció que al día siguiente izaría la bandera británica, requiriendo que fuese arriada la argentina y que se retiraran las fuerzas dependientes de Buenos Aires. Pinedo protestó, intentó inicialmente sostener su posición y, a las seis de la mañana del 3 de enero, acudió personalmente a la Clio para formular una última protesta. Ante la superioridad material británica terminó retirándose, pero dejó expresamente dispuesto que los argentinos no arriaran el pabellón nacional. Hacia las nueve de la mañana desembarcaron tres botes con personal británico, que izó su bandera y retiró la argentina, posteriormente entregada a la Sarandí. La diferencia resulta jurídicamente relevante: Pinedo retiró sus fuerzas, pero no efectuó un acto de cesión territorial ni reconoció la soberanía británica; protestó contra la intimación y fueron los británicos quienes sustituyeron materialmente un pabellón por otro. La Sarandí terminó zarpando el 5 de enero. Esta secuencia está corroborada, con las diferencias propias de las posiciones contrapuestas, por la documentación argentina y británica contemporánea.
La parte final de la carta explica por qué el oficio dirigido a Heredia tiene una significación que excede la reconstrucción de la ocupación. Balcarce y Maza no se limitaban a informar: hacían partícipe al gobierno tucumano de un agravio que entendían dirigido contra la República y anunciaban la “firme resolución” de sostener sus derechos. El objetivo era obtener del Gobierno británico una “digna reparación”, el “reconocimiento del derecho sobre las Malvinas” y “el uso del dominio en aquel territorio”. La formulación contiene tres dimensiones diferentes —reparación por el acto de fuerza, reconocimiento del título territorial y recuperación del ejercicio efectivo del dominio— y constituye una temprana reserva frente a cualquier posibilidad de interpretar la retirada de Pinedo como consentimiento. También explica por qué la carta fue remitida precisamente a una provincia: en la estructura confederal de 1833, Buenos Aires tenía encomendado el manejo de las relaciones exteriores, pero presentaba los derechos afectados como pertenecientes a la República. El documento tucumano no estuvo aislado. Maza había pedido explicaciones al representante británico Philip Gore el 16 de enero; ante la respuesta de Gore de que carecía de instrucciones sobre el asunto, formalizó la protesta el 22 de enero y al día siguiente dirigió una circular a gobiernos americanos. El 24 de enero Balcarce comunicó los hechos a la representación bonaerense y el 26 se produjo la comunicación a Heredia. Posteriormente, el 14 de febrero, Maza remitió a Manuel Moreno, representante argentino en Londres, la documentación relativa a la ocupación y a la protesta ya presentada; Palmerston contestó el 27 de abril y Moreno presentó su extensa Memoria y protesta el 17 de junio de 1833. La colección del Archivo Histórico de Cancillería permite seguir documentalmente esta continuidad durante 1833 y los años posteriores.
La circulación interprovincial de la denuncia permite, además, insertar el hallazgo tucumano en una dimensión poco atendida de la historia de Malvinas: la reacción de los gobiernos de la Confederación. El caso mejor documentado es el de Estanislao López, gobernador de Santa Fe, quien junto con su ministro Domingo Cullen respondió el 25 de febrero de 1833. López condenó la ocupación y sostuvo que, aun admitiendo hipotéticamente que Gran Bretaña creyera poseer títulos sobre las islas, esos títulos no podían justificar su apoderamiento violento. Su argumentación distinguía así entre la discusión acerca del título territorial y la ilegalidad del recurso unilateral a la fuerza, y relacionaba además la vulnerabilidad exterior con la falta de organización constitucional del país. No fue una reacción exclusivamente santafesina. La investigación documental de Ariel Eiris (2025) localizó respuestas de otros gobiernos provinciales: Pedro Ferré, desde Corrientes, habló el 28 de febrero de un “violento despojo” y ofreció cooperación; Felipe Ibarra y Adeodato de Gondra, desde Santiago del Estero, denunciaron el 1 de marzo el proceder británico como ilegal; Pascual Echagüe y Toribio Ortiz, desde Entre Ríos, respondieron el 18 de marzo cuestionando la conducta de una potencia que proclamaba respeto por el derecho de gentes; Pablo Latorre, gobernador de Salta, utilizó ese mismo día la expresión “violento despojo”; desde San Juan, Valentín Ruiz y Vicente Atienzo hablaron el 20 de marzo de una “invasión” y de un ataque al derecho de gentes; y desde Catamarca, Valentín Aramburu y Pedro Alejandro Zenteno denunciaron el 17 de mayo el agravio cometido contra el pabellón nacional. La relevancia del conjunto reside precisamente en que esas respuestas no interpretaron Malvinas como una pérdida particular de Buenos Aires, sino como un perjuicio que alcanzaba a la comunidad política confederal.
La carta enviada a Alejandro Heredia debe situarse, por ello, en el centro de una secuencia mucho más amplia: usurpación y posterior ocupación británica, protesta inmediata, comunicación a las provincias, respuestas de los gobiernos confederados y reclamación diplomática en Londres. El hallazgo no modifica por sí solo lo que se conocía sobre los acontecimientos del 3 de enero, pero aporta una pieza particularmente valiosa para estudiar cómo se construyó contemporáneamente la cuestión Malvinas como problema de la República. Apenas tres semanas después del despojo, Balcarce y Maza hablaban ya de integridad territorial, pabellón argentino, derechos de la República, reparación y restitución del dominio; en las semanas siguientes, López, Ferré, Ibarra, Echagüe, Latorre y otros gobernadores incorporaron el episodio al vocabulario del derecho de gentes, la soberanía y la organización nacional; y Moreno trasladó esa protesta al centro mismo de la diplomacia británica. Londres sostuvo, por su parte, que Onslow ejecutaba instrucciones destinadas a ejercer derechos de soberanía que consideraba propios; precisamente por eso resulta tan significativo el contraste documental: ambas partes reconocen la existencia de una autoridad argentina y de su pabellón en Puerto Soledad, la intimación británica para retirarlos y la sustitución de esa presencia por una fuerza de la Royal Navy; lo que disputaban era la legitimidad jurídica de esa acción y los títulos soberanos subyacentes. La carta tucumana adquiere así su verdadero valor: no como testimonio aislado, sino como una de las primeras piezas de una protesta política, provincial y diplomática que comenzó prácticamente en simultáneo con la ocupación y cuya continuidad documental puede seguirse desde Buenos Aires y las provincias hasta la representación argentina en Londres.
Fuente documental del AGN