A los legisladores y legisladoras nacionales por la Provincia de Santa Fe.
La comunidad de la Universidad Nacional de Rosario se dirige a Uds. a los efectos de acercar nuestra posición respecto del Proyecto de Ley “Bases”, en tratamiento en el Congreso Nacional, elevado por el Poder Ejecutivo.
Entendemos que la propuesta introduce modificaciones sustanciales y profundas en las dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales de la vida de la Nación que requeririan de un tratamiento particularizado y en los tiempos previstos por la dinámica legislativa, y no de manera intempestiva como se ha impulsado, sin fundamento razonable, pues la mayoría de las propuestas, más aún luego de numerosas modificaciones introducidas, poco tienen que ver con las dificultades económicas que la Argentina atraviesa.
En particular, queremos transmitir nuestra preocupación por el impulso a iniciativas de modificación de la legislación en materia de educación superior que entendemos deberían ser el resultado del debate abierto y participativo de las comunidades universitarias de todo el país y no consecuencia de su inclusión sin consulta previa en un mega proyecto que excede largamente la especificidad del sistema universitario.
La normativa propuesta no solo refiere a modificaciones que no dan cuenta de los verdaderos desafíos que enfrenta el sistema universitario argentino, sino que constituirían un retroceso respecto de principios consagrados en nuestra Constitución y en la legislación vigente, que hacen a la especial particularidad de la educación superior en nuestro país, por la que somos reconocidos en el mundo entero, contrariando preceptos sostenidos históricamente y el reconocimiento del principio de la Educación Superior como un derecho humano y universal, según lo establece la Declaración Final de la II Conferencia Regional de Educación Superior del Iesalc/Unesco (2018).
Respecto de la modificación prevista para el Art. 553, cabe destacar que contradice lo sustentado por nuestra Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes de la Nación gozan de los mismos derechos (Art. 14 de la CN) y que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles y no están obligados a pagar contribuciones forzosas extraordinarias (Art. 20 de la CN). Se trata por cierto de una modificación perjudicial respecto de una característica que fortalece y enriquece nuestro sistema universitario, a la vez que irrelevante en cuanto a su pretendido impacto presupuestario.
Respecto del Art 555, se habilita que entidades privadas lleven a cabo la evaluación de las UUNN, implicando severos riesgos, por cuanto los intereses de dichas entidades pueden ser contrapuestos a la existencia misma de la UUNN evaluada.
Entendemos además, que lo mencionado en el Art. 556 identifica el rol del Estado como “aportante” de las instituciones de educación superior universitaria y no garante de su mantenimiento. A esto se suma la preocupación, por cierta redacción confusa del articulado que prevé instancias de ingreso e introductorias, no quedando claro ni expreso cual es el verdadero espíritu de dicha incorporación.
A su vez, la modificaciones contenidas en otros capítulos del proyecto, que no versan específicamente sobre educación superior, de ser aprobadas pueden resultar perjudiciales para la comunidad universitaria en su conjunto. Propuestas de reformas en artículos del Código Civil yComercial – las modificaciones en alquileres producen un grave perjuicio sobre una situación ya
alarmante especialmente para nuestros estudiantes-, modificaciones en el ejercicio y competencias de algunas profesiones, la transformacion del marco de regulación del empleo público lesionando condiciones de trabajo que se requieren para que los ámbitos educativos sean espacios propicios para la creatividad y la transmisión de conocimiento crítico y las limitaciones al legítimo derecho a la protesta y la manifestación, propio de una vida democrática.
Pero no son solo aquellas iniciativas que pudieran tener impacto directo o indirecto en nuestra comunidad las que generan inquietud o incertidumbre. En su conjunto el proyecto establece pautas de convivencia, sostiene principios y parámetros que lejos están de los que suscribe nuestra institución. Y en tanto institución comprometida con los problemas nacionales, no podemos más que señalar solo a modo de ejemplo, otras propuestas que consideramos regresivas y lesivas para la Nación. Desde la Universidad Nacional de Rosario tenemos un fuerte compromiso con la protección y preservación del ambiente por lo que nos preocupan propuestas de modificación de leyes ambientales tendientes a promover actividades productivas en espacios ambientalmente protegidos. Al mismo tiempo, es clara la intención de privatizar empresas estratégicas para el desarrollo nacional, motivación que en ningún caso compartimos.
De igual modo, las modificaciones aún imprecisas respecto del ámbito cultural impactarían drásticamente en la capacidad del Estado para intervenir en la producción y gestión de la cultura, promoviendo la eliminación de algunos organismos vinculados a la regulación y promoción de la misma. Creemos en la cultura y la creación como dispositivos sustanciales para vivenciar una memoria común y proyectar un futuro compartido. En este marco, no podemos menos que preocuparnos ante esta acción clara de claudicación que atenta contra nuestra identidad cultural.
Cabe recordar que la Constitución Nacional fija entre las atribuciones del Congreso de la Nacion las de “dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.
El proyecto de reforma de la Ley Micaela eliminando su obligatoriedad y restringiendo la temática a la violencia familiar, se da en el marco de un planteo de modificaciones de carácter regresivo en materia de derechos adquiridos en términos de identidad de género y seguridad social, y de reducción de compromisos del Estado en materia de Salud Pública y de Derechos Humanos, cuestiones que desde la Universidad -en sentido contrario- hemos promovido con el convencimiento de que educar en Derechos Humanos es favorecer un modo de convivencia basado en el reconocimiento mutuo de derechos y responsabilidades.
En suma, en un contexto delicado como el que atraviesa la Argentina, donde quizás como pocas veces antes se requiera articular fuertes consensos para encontrar respuestas a los problemas del presente, este proyecto de ley más que promoverlos los socava. Y la extendida delegación de facultades de carácter extraordinario que se pretende, es la plataforma de la distorsión institucional y entraña un severo riesgo para la Nación.
Por lo expuesto, solicitamos a Uds se manifiesten en contra de la iniciativa, especialmente de la delegación de facultades extraordinarias y de aquellas propuestas impulsadas para la educación superior, que en el mejor de los casos deberían ser parte de una agenda legislativa de trabajo que debería contar con la participación activa y la voz de las comunidades universitarias de todo el país y sus representaciones institucionales y gremiales.
Sin otro particular, saludamos a Uds. con nuestra mayor estima, quedando a su disposición.
Comunidad UNR y todas sus representaciones gremiales.