Referentas de los espacios de atención de situaciones de violencia de género de la Universidad Nacional de Rosario expresamos nuestra solidaridad con las profesionales perseguidas y nuestro compromiso con las víctimas de abuso sexual.
Las abajo firmantes, referentas de distintos espacios de atención de situaciones de violencia de género de la Universidad Nacional de Rosario, expresamos nuestra profunda preocupación ante las reiteradas acusaciones hacia profesionales del campo de la salud mental que intervienen en el acompañamiento de situaciones de abuso sexual contra las infancias.
En los últimos días, en la ciudad de Rosario, se ha desplegado una persecución mediática hacia tres psicólogas que han intervenido, desde su labor profesional, en causas que involucran a niñxs con sospecha de haber sido víctimas de abuso sexual.
Este hecho no resulta aislado, sino que se inscribe en un contexto más amplio de discursos y prácticas que buscan desacreditar estas intervenciones y desalentar las denuncias,incrementando la vulnerabilidad de niñxs y adolescentes, y a las personas, en su gran mayoría mujeres, que se encuentran atravesando violencias por razones de género.
Quienes acompañamos desde distintos campos disciplinares a personas que se encuentran atravesando situaciones de violencias sexuales y de género sabemos que las mismas constituyen experiencias profundamente traumáticas, con potencial de producir graves efectos subjetivos en quienes las padecen. En el caso de las infancias, su impacto puede ser especialmente devastador, comprometiendo procesos de constitución psíquica y desarrollo integral.
En este marco, lxs profesionales de la salud mental cumplen un rol fundamental: no sólo acompañan los procesos de elaboración subjetiva de lo vivido, sino que también intervienen como garantes del acceso a medidas de protección y a la restitución de derechos.
Resulta alarmante e improcedente que desde otros campos disciplinares o espacios de poder se cuestione la validez de los informes clínicos, desconociendo la especificidad del saber profesional y debilitando herramientas fundamentales para la protección de las infancias.
Asimismo, consideramos urgente problematizar los discursos que, desde distintos sectores, buscan invisibilizar el abuso sexual contra las infancias y desacreditar a quienes intervienen en su abordaje. La circulación de narrativas en torno a las “falsas denuncias” y la reaparición de categorías sin sustento científico, como el denominado “Síndrome de Alienación Parental
(SAP)”, operan como mecanismos de silenciamiento y obstaculización del acceso a la justicia, no solo para quienes padecen este tipo de violencias, sino para quienes las acompañamos. Estas estrategias pueden comprenderse como parte de un proceso de backlash, orientado a limitar avances en materia de derechos.
Nos solidarizamos con las profesionales que, desde un ejercicio ético, comprometido y respetuoso, acompañan estas situaciones, y reafirmamos nuestro compromiso en el abordaje de las violencias sexistas desde una perspectiva de género que garantice los derechos humanos.
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