El 31 de octubre se conmemora el Día Mundial por el Derecho a la Ciudad, reflexionamos junto al Secretario de Extensión de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño sobre ArquiDiBarrio, programa vigente para contribuir al desarrollo territorial con equidad social.
El Día Mundial por el Derecho a la Ciudad surge en 2014 como iniciativa de la Organización de Naciones Unidas para “para poner de relieve los desafíos urbanos mundiales e involucrar a la comunidad internacional en el desarrollo de la Nueva Agenda Urbana.” Esta propuesta forma parte de los objetivos de la Agenda 2030, que incluye un plan de acción para el desarrollo sostenible de las ciudades.
En este contexto emergen nuevas formas de garantizar los derechos humanos con la visión del Derecho a la Ciudad, desde la Universidad contamos con una propuesta que elabora sus proyectos desde esta perspectiva. Actualmente en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR) se desarrolla el programa ArquiDiBarrio, entrevistamos al arquitecto y Secretario de Extensión Universitaria Vinculación y Transferencia y docente de las materias Proyecto Arquitectónico I, II de dicha casa de estudios,Lautaro Dattilo, quien nos cuenta sobre esta experiencia y reflexionamos sobre la relación entre derechos humanos y derecho a la ciudad.
1- ¿En qué consiste el programa ArqDiBarrrio?
ArqDiBarrio es un programa de la Secretaría de Extensión Universitaria, vinculación y transferencia de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR) cuya misión es ampliar la capacidad de interacción de la Universidad con las comunidades, especialmente aquellas en situación de riesgo socio-ambiental, para contribuir al desarrollo territorial con equidad social. Funciona a modo deconsultora pública en arquitectura y diseño industrial para los sectores populares, brindando asesoramiento técnico gratuito a las comunidades, en proyecto y construcción de equipamiento público comunitario.
2- ¿Cómo surge este proyecto?
El proyecto surge a partir de una iniciativa de la agrupación estudiantil DOMINÓ, que eleva al consejo directivo de la FAPyD, la solicitud para elaborar un proyecto que posibilite realizar prácticas comunitarias, reconociendo y consolidando el trabajo realizado por grupos extensionistas por más de una década. La gestión encomienda a la Secretaría de Extensión la elaboración del proyecto que, un año después (2015), implementará sus primeras acciones bajo el nombre de Programa Arquibarrio. Es sobre finales de este mismo año cuando el Consejo Directivo aprueba (para los estudiantes del plan 2008) la posibilidad de homologar como prácticas profesionales supervisadas (PPS) las distintas actividades realizadas en el marco de este programa: hasta ese momento las PPS solo se realizaban en estudios privados o en equipos técnicos del estado (o sus empresas subsidiarias), o sea, el perfil de los/as futuros/as profesionales estaba restringido como “profesionales independientes” o “en relación de dependencia”. Durante el 2020, y en el marco de la implementación de la carrera de Diseño Industrial, el Consejo Directivo aprueba la posibilidad de que los/as estudiantes de la misma puedan realizar sus prácticas aquí, cambiando su nombre a ArqDiBarrio.
3- ¿Cómo se establece la relación con las organizaciones? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes lo integran?
La Secretaría de Extensión (FAPyD) tiene un trabajo ininterrumpido en el territorio de Rosario y su región metropolitana, que le ha permitido consolidar su relación con distintas organizaciones sociales. Es a partir de esta relación lo que nos permite estar pendientes de las demandas que pudieran surgir. Además el trabajo sostenido en estos años y la difusión de lo realizado (entrevistas y artículos en periódicos, participación en workshop´s y seminarios, reconocimiento de Consejo Municipal y la Cámara de Diputados, premios nacionales e internacionales, etc.) ha posibilitado que otras organizaciones se acerquen a conocernos.
El funcionamiento se da generalmente, de la misma manera: una organización social se acerca con una demanda, establecemos la relación mediante un convenio para luego realizar una convocatoria abierta a estudiantes, docentes, no docentes y graduados/as de las carreras de Arquitectura y Diseño Industrial: se conforma un equipo de trabajo (transitorio). La Secretaría articula la relación con la organización, organiza y ejecuta los trabajos por medio de un equipo (permanente) coordinado por la Arq. Victoria Funes y convoca a especialista e idóneos para atender la especificidad de las tareas, conformando un equipo multidisciplinario. La organización social participa activamente por medio de sus representantes.
4- ¿Desde qué perspectivas están elaboradas las propuestas? ¿Cómo se financian?
Se trabaja desde una perspectiva colaborativa porque la finalidad de ArqDiBarrio es realizar propuestas (proyectos/obras) colectivas, en la que puedan articularse saberes académicos (los producidos en la universidad) y saberes populares (que existen en los barrios), sin que sopesen unos sobre otros, sino que posibilite una construcción mancomunada, generando un conocimiento nuevo. Para posibilitar esto, la organización social participa en todas las instancias del proceso: diagnóstico, relevamiento, proyecto, etapabilidad y construcción. Este proceso de retroalimentación genera además una singularidad en la propuesta y potencia el sentido de pertenencia de los proyectos, tendiendo un puente entre la universidad y la comunidad, que no solo será la destinataria pasiva de un bien, sino que también establecerá su custodia, mantenimiento, modificación y transformación en el tiempo. Considerando esta perspectiva participativa/colaborativa se involucra el área de derechos humanos, coordinada por la Arq. Olivia Bayo, para contribuir a la formación de futuros/as profesionales conscientes y comprometidos/as con el medio y la realidad social existente, lo que permite avanzar en el debate académico/disciplinar sobre el derecho a la ciudad como marco de referencia para comprender la coyuntura urbana, sus implicancias políticas y sus atributos en relación a demanda social.
El financiamiento para realizar las obras se da por distintos canales: fondos propios de la organización, aportes del Corralón Solidario de Materiales (FAPyD-UNR), presentación a convocatorias del Área Extensión y Territorio (UNR) o a la Secretaría de Políticas Universitarias (ME) y presentación a convocatorias de Provincia y Nación.
5- El 31 de octubre se conmemora el Día Mundial por el Derecho a la Ciudad. Este día consiste poner en agenda el hacer de las ciudades un bien común y poner en práctica nuevas formas de garantizar los derechos humanos con la visión del derecho a la ciudad y la democracia participativa, respetando al mismo tiempo el papel de las ciudades en la contribución a la redistribución económica, el reconocimiento cultural y la agencia política para todos-as. ¿Qué entienden por derecho a la ciudad?
Según la ONU “es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna”. A partir de esta definición surge como prioritario entender la ciudad (y sumaría el territorio por lo que estaríamos hablando de asentamientos humanos, para ser más precisos) como bien común (y no como bien de consumo), por lo que resulta responsabilidad del estado su regulación (en cuanto a administración, representatividad, planificación y construcción) para que todos/as sus habitantes puedan desarrollar un vida justa y digna, sostenible en el tiempo.
El derecho a la ciudad, define una serie de requisitos que se deben atender.
Ser lugares libres de discriminación de cualquier tipo (condición social, origen étnico, motivos de género, edad, condición sexual, política o religiosa) contemplando minorías y diversidad de sus habitantes. Además tender hacia una ciudadanía inclusiva y trato de igualdad para todas las personas.
Propiciar la igualdad de género para mujeres y niñas en todas sus formas, garantizando una vida libre de violencia.
Contribuir a una mayor participación, en todos los ámbitos de gobierno y ciudadanos, en las políticas urbanas y el ordenamiento del territorio. Cumplir sus funciones priorizando el interés público y social definido colectivamente: derecho equitativo y accesible a la vivienda, bienes y servicios.
Diseñar espacios y servicios públicos de calidad para mejorar las interacciones sociales, fomentando la cohesión social: crear lugares seguros y medios de subsistencia acordes.
Fomentar economías diversas e inclusivas: acceso a medios de vida seguros y trabajo decente: economía social y solidaria, reconocimiento del trabajo doméstico y comunitario.
Propiciar la sostenibilidad del vínculo urbano-rural, beneficiando a sectores empobrecidos asegurando la soberanía alimentaria, protegiendo la biodiversidad, hábitats naturales y ecosistemas.
Estos son los principales componentes que enuncia el derecho a la ciudad.
6- ¿Qué aportes nos brinda la arquitectura para reflexionar sobre el Derecho a la Ciudad? ¿Cómo relacionamos arquitectura y derechos humanos?
La arquitectura es la profesión que aborda el estudio y las transformaciones del espacio habitable, tanto de la ciudad como del territorio. En estos últimos años, la disciplina está abordando (e incorporando) una amplia cantidad de campos de conocimientos (que impacta sobre las modificaciones de los planes de estudios) tales como: la sustentabilidad, la eficiencia energética, el estudio del paisaje (tanto natural como cultural), la producción social del hábitat entre los más destacados. A partir de esto, el aporte de la arquitectura es clave, ya que nos permite: en una primera instancia, establecer un diagnóstico preciso sobre las características, condiciones y necesidades de los territorios; en una segunda instancia, la planificación y aplicación de políticas urbano-territoriales estratégicas para un desarrollo equilibrado y sustentable y; en una tercera instancia, producir intervenciones específicas desde la escala edilicia. De aquí surge la necesidad que el estado debe hallar y aplicar otras lógicas e instrumentos de gestión (más novedosos, quizás) para realizar las transformaciones de nuestro espacio habitable, ya que muy lejos estamos de atender las demandas de la sociedad respecto el derecho a la ciudad.
Podemos intuir que la ciudadanía mayoritariamente relaciona los derechos humanos con su definición primigenia referida a los “derechos universales inherentes a toda persona, por el solo hecho de existir”, más allá de su nacionalidad, género, origen étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Sin embargo, al indagar sobre esta definición hallamos que los derechos fundamentales que asisten a las personas son diversos (y muchos más), y que involucran campos específicos, como el del hábitat humano. En este contexto podemos vincular la arquitectura (desde un enfoque disciplinar) con esta línea que reconoce la ampliación de derechos adquiridos a partir del estado de bienestar como fenómeno contemporáneo: los derechos humanos ampliados. Estos, en muchas ocasiones son desconocidos por una inmensa mayoría de la población, y corresponde que desde nuestra expertiz ponderar su difusión y conocimiento para la comunidad en su conjunto. Entre los más conocidos nos encontramos con el derecho al agua potable, a una vivienda digna, a un hábitat sustentable, a la infraestructura, etc., además de otros tantos que de manera indirecta involucran el campo accionar de la profesión, como los derechos que asisten a las personas con discapacidad (barreras arquitectónicas, diseño universal, etc.).
7- ¿Qué desafíos existen en Rosario a la hora de pensarla como una ciudad inclusiva?
Rosario es una ciudad de gran potencialidad. Hija de su propio esfuerzo, se desarrolló pujantemente sobre finales del siglo XIX y durante el desarrollo del siglo XX, convirtiéndose en una de las urbes más importantes de la Argentina. Sin embargo este desarrollo conllevo grandes desequilibrios en sus partes constitutivas: esbozando una síntesis absoluta tenemos una ciudad fragmentada, con un área con servicios, equipamientos y espacios públicos de calidad (manifestado notoriamente en la ribera central) y áreas desflecadas, falta de infraestructura y de espacios públicos, con serios problemas de convivencia y seguridad. Este panorama se agudizó durante las últimas décadas, en la que la ciudad formal y la informal evidenciaron un distanciamiento irreconciliable.
Para pensar a Rosario como ciudad inclusiva necesitamos políticas públicas que reviertan esta situación antagónica entre el centro y su periferia (en alusión simbólica a este contraste, no referido solamente a la cuestión geográfica), atendiendo a un crecimiento armonioso y sostenido de sus barriadas, con fuerte presencia del estado (y del aporte público) en los sectores populares, solo así se puede anhelar a una ciudad equilibrada “para todas las personas que la habitan”. En este punto es fundamental pensar estratégicamente proyectos específicos de infraestructura y espacios públicos de calidad, necesarios para fomentar la cohesión social creando lugares seguros en los que el vecino vuelva a recuperar la calle como lugar de encuentro por excelencia: para su formulación y diseño resulta indispensable convocar la participación ciudadana. Además es necesario articular con el estado provincial y nacional y los inversores particulares (no solo con los grandes desarrolladores privados), una política de uso del suelo y de construcción de vivienda de interés social, destinada a distintos sectores sociales, y distribuidas equitativa y equilibradamente en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de consolidar el tejido barrial. Hay que contemplar en una instancia de su construcción, convocar a cooperativas de trabajo, en que sus trabajadores podrán ser destinatarios de las mismas. Estos son solo algunos puntos que, a modo de síntesis, permiten pensar la ciudad inclusiva que todos/as deseamos.
Por Área de Derechos Humanos