Las mujeres perciben un 20% menos de ingresos que los varones por igual tarea y formación. La sobrecarga de cuidados y el techo de cristal consolidan esta desigualdad a lo que se suma la vulnerabilidad de las adultas mayores ante el fin de las moratorias previsionales y la persistente informalidad del empleo joven.
Cada 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres moviliza a la sociedad en torno a reclamos históricos de igualdad. Sin embargo, para que esas demandas se traduzcan en políticas públicas efectivas, es necesario ponerle números a la realidad. En ese marco, la Usina de Datos, en conjunto con el Área de Género y Sexualidades de la UNR, presentó una nueva edición de su informe especial sobre desigualdades de género en el Gran Rosario. Los resultados son contundentes: a pesar de los avances culturales, las barreras estructurales persisten y, en algunos casos, muestran señales de alerta preocupantes.
La base de la pirámide de la desigualdad sigue estando en la distribución del trabajo no remunerado. Según el informe, en el aglomerado Gran Rosario, el 72% de quienes realizan las tareas del hogar son mujeres. Esta cifra no solo supera la media nacional (68%), sino que expone una realidad cotidiana: siete de cada diez personas que lavan, cocinan y cuidan en la ciudad son mujeres.
Paula Durán, coordinadora de la Usina de Datos, advierte que esta sobrecarga es el primer gran condicionante para la inserción laboral. “Esta distribución desigual limita la disponibilidad de tiempo para el empleo remunerado y condiciona los tipos de ocupación a los que las mujeres pueden acceder”. En definitiva, la “doble jornada” actúa como un ancla que impide el desarrollo profesional en igualdad de condiciones.
Al analizar los indicadores de empleo del tercer trimestre de 2025, la brecha de participación es evidente. Mientras que la tasa de actividad de los varones alcanza el 75,9%, la de las mujeres se queda en el 54,9%. Esta diferencia de 21 puntos porcentuales refleja que una gran parte de la población femenina se mantiene fuera del mercado de trabajo formal o en la búsqueda activa sin éxito.
La situación se vuelve crítica cuando se pone el foco en la población joven (14 a 29 años). En este segmento, la desocupación femenina trepa al 23,9%, mientras que para los varones de la misma edad es del 13,9%. Además, la subocupación (personas que trabajan menos horas de las que desean) afecta al 19,7% de las jóvenes, evidenciando una inserción laboral mucho más precaria y fragmentada.
En las edades centrales (30 a 64 años), la brecha de actividad es aún más profunda: el 95,7% de los varones está activo, frente al 75,1% de las mujeres. Estas cifras sugieren que, incluso en la etapa de mayor productividad, las mujeres enfrentan obstáculos que las obligan a retirarse o reducir su presencia en el mundo laboral.
El informe de la UNR también pone la lupa sobre la jerarquía ocupacional. Existe una asimetría marcada en los puestos de toma de decisiones: solo el 4,1% de las mujeres ocupadas se desempeña como jefa o directora, cifra que se duplica en el caso de los varones (8,1%). Esto ocurre a pesar de que, estadísticamente, las mujeres presentan niveles de educación formal superiores a sus pares varones.
A la dificultad para ascender se suma la precariedad en la base. El 34,4% de las asalariadas en Rosario trabaja en la informalidad, sin aportes jubilatorios, frente al 32,1% de los varones. “Las mujeres no solo acceden menos al empleo, sino que cuando lo hacen, suelen ser puestos más inestables y de menor calidad”, detalla Durán.
La brecha salarial
Quizás uno de los hallazgos más impactantes del informe sea el análisis de la brecha salarial. Durante el último año, la disparidad de ingresos en Rosario alcanzó el 37,4%, lo que representa un incremento de 10 puntos respecto a 2024.
Para profundizar en este dato, la Usina de Datos aplicó un modelo econométrico para calcular la brecha ajustada. Esta metodología permite “aislar” el componente de género, eliminando variables como la edad, la antigüedad o el nivel educativo. El resultado es revelador: en el Gran Rosario, las mujeres cobran, en promedio, un 20% menos que los varones solo por el hecho de ser mujeres.
“Este componente residual refleja la penalización estructural que el mercado impone a la fuerza de trabajo femenina, independientemente de su cualificación”, explica Durán. Es, en términos llanos, un “impuesto de género” que afecta directamente la autonomía económica.
La desigualdad que comienza en la juventud se cristaliza en la edad jubilatoria. Históricamente, las moratorias previsionales fueron la herramienta clave para que las mujeres, con trayectorias laborales interrumpidas por el cuidado, pudieran acceder a una jubilación. En Santa Fe, el 84,9% de las mujeres jubiladas lo hicieron mediante este régimen.
Sin embargo, el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025 plantea un escenario de vulnerabilidad extrema. Quienes no alcancen los 30 años de aportes deberán recurrir a la PUAM, que otorga solo el 80% de una jubilación mínima y eleva la edad de acceso para las mujeres a los 65 años. “Sin la moratoria, aumentará la feminización de la pobreza en la vejez”, advierte el informe. La dependencia económica de las mujeres mayores respecto de sus familias se perfila como una de las consecuencias sociales más graves de esta nueva realidad normativa.
El trabajo de la Usina de Datos no busca ser una mera acumulación de estadísticas. Para Paula Durán, el objetivo es la visibilización: “Los datos no son cosas frías; sirven para darle un respaldo cuantitativo a esa sensación que tiene el común de la gente y para que quienes toman decisiones tengan herramientas para orientar políticas públicas de equidad”.
Informe Especial Nº17: Desigualdades de género en números
Periodista: Victoria Arrabal/Fotógrafa: Camila Casero