Son considerados datos abiertos (Open Data) todos aquellos datos a los cuales se puede acceder en forma libre sin restricciones de derechos de autor o patentes.

Son datos que tradicionalmente han estado restringidos y cuyo control se encontraba en manos de organizaciones públicas o privadas.

Con respecto a las organizaciones públicas, los defensores de los datos abiertos basan su argumento en que la información que se genera, tratan de datos que pertenecen a la sociedad y el costo de estos datos se cubre con los impuestos, razón por la cual ese caudal de datos es patrimonio de la comunidad y debe hacerse público.

Entre los aspectos positivos por los cuales es necesario fomentar una política de datos abiertos, se encuentra el promover la transparencia.

En este sentido se logra que los gobiernos pongan a disposición de los ciudadanos información relativa a sus presupuestos, instituciones, o procesos; promoviendo el desarrollo de instituciones más transparentes y participativas, de las que se obtienen ventajas para combatir la corrupción, promover la rendición de cuentas en materia de compras públicas, entre otras.

De este modo ciudadanos en general pueden acceder a los datos para investigar, para seguir de cerca las actividades del Gobierno, o para desarrollar nuevos bienes, servicios y aplicaciones, lográndose, en definitiva, un mejor aprovechamiento de los recursos, conocimiento de la Ciudadanía y así una mayor participación.

Si bien las políticas de Open Data han tenido un desarrollo significativo en países con democracias consolidadas como lo son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Nueva Zelanda, hace varias décadas que América Latina ha incorporado las tecnologías de código abierto con un gran potencial por desarrollar en esta temática.